UGT y CCOO han anunciado su intención de interponer una demanda por conflicto colectivo contra Cruz Roja por el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores y la obligación de respetar los mínimos legales de su convenio colectivo “como ya hacen cientos de entidades de intervención social con menos recursos”.

Según explican los dos sindicatos, Cruz Roja, que cuenta con una plantilla de 15.000 personas trabajadoras (130 en Cantabria), insiste en negarse a aceptar los mínimos estipulados por la ley en el Convenio Estatal de Acción e Intervención Social en cuestiones tan básicas como el salario.

“La normativa legal es muy clara y obliga a la prioridad aplicativa del convenio en materias tan importantes como el salario y otros derechos laborales básicos”, precisan CCOO y UGT, que critican que Cruz Roja “no lo hace en las más de 50 mesas de negociación de los centros de trabajo que tiene en todo el país”.

Ambos sindicatos recuerdan que fueron convocados a una reunión el pasado 25 de abril en la que la entidad planteó la opción de un nuevo modelo de relaciones laborales que UGT y CCOO estaban dispuestos a negociar pero con unos requisitos mínimos.

“Se dejó claro que el convenio colectivo tenía que ser estatal, que se partiría de los mínimos laborales del Convenio Estatal de Acción e Intervención Social y que, en todo caso, si se llegaba a un acuerdo final se debían garantizar los derechos de la plantilla según estipula la legislación vigente”, subrayan CCOO y UGT.

Demora intencionada

“Cruz Roja se comprometió a responder a nuestra propuesta en 15 días y lo hizo casi un mes más tarde (17 de mayo), remitiéndonos a una negociación de este nuevo modelo de relaciones laborales que se iniciaría a partir del mes de julio mientras se mantenían las mesas de negociación abiertas en los ámbitos territoriales”, agregan los dos sindicatos

que opinan que la entidad “sólo pretende dilatar intencionadamente la solución de un grave problema reconocido por ambas partes”.

Por ello, ambos sindicatos deciden emprender su demanda por conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional y “todas las acciones necesarias para proteger a todas las personas trabajadoras de Cruz Roja Española, que ninguna de ellas tenga condiciones laborales por debajo de los mínimos estipulados por ley y que esos derechos no dependan de la provincia en que se trabaje”.

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