UGT instó hoy a los ayuntamientos de Cantabria a elaborar el censo de instalaciones y emplazamientos públicos con amianto y el subsiguiente calendario para su retirada, tal y como estipula la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular publicada hace más de dos años.

Según precisa Pedro Cobo, representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS en Cantabria, "sin un censo donde se recojan los lugares con riesgo al amianto, no se puede hacer prevención ni se pueden adoptar las medidas adecuadas que eviten los efectos de este mineral clasificado como carcinógeno de categoría 1A"
El sindicalista recuerda que Cantabria ya fue la penúltima autonomía española en firmar en 2023 un convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Gobierno de regional a través de su Consejería de Sanidad para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del amianto.

Cobo matiza que "por fin, ya se han iniciado las primeras reuniones del grupo de trabajo recogido en el convenio, lo que esperemos vaya dando sus frutos".

"Aunque se tardó en poner en funcionamiento en Cantabria el convenio entre el INSS y la Consejería de Sanidad hasta 15 años después de que se aprobara en España en el Congreso de los Diputados; ahora toca el turno de los ayuntamientos para realizar el censo de instalaciones y emplazamientos y sus correspondientes calendarios que planifiquen su retirada", agrega el representante de UGT en la Comisión Provincial del INSS en Cantabria.

"Este calendario deberá realizarse según el grado de peligrosidad de los emplazamientos públicos detectados para la correcta identificación y gestión de estos residuos porque pueden ser especialmente perjudiciales para la salud de las personas, pudiendo provocar enfermedades graves; desde la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón o carcinomas gastrointestinales o de laringe", matiza Cobo.

El sindicalista precisa que el censo y el calendario correspondiente tendrán que ser remitidos a las autoridades sanitarias, medio ambientales y laborales para que inspeccionen y verifiquen que se ha retirado el amianto y enviado a un gestor autorizado.

"Esto se tenía que haber realizado hace más de un año, tal y como establece la propia ley, aunque la inmensa mayoría de los ayuntamientos no lo ha hecho con el correspondiente riesgo para la salud de los ciudadanos y trabajadores que conviven en los entornos con un mayor grado de peligrosidad y exposición", concluye Cobo.

Audio Pedro Cobo