UGT-Sanidad de la Federación de Servicios Públicos en Cantabria ha solicitado por escrito al Servicio Cántabro de Salud (SCS) medidas urgentes para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los servicios de Anatomía Patológica de los hospitales de Sierrallana y de Valdecilla.

En un escrito registrado el pasado 14 de noviembre, el sindicato advierte que “varios profesionales continúan sufriendo situaciones de hostigamiento laboral que estarían afectando gravemente a su salud, seguridad y desempeño profesional”. 

UGT-Sanidad aclara que el documento remitido al SCS “recoge hechos concretos, identifica a las personas implicadas y detalla conductas como descrédito profesional, intimidación, persecuciones, humillaciones y un deterioro deliberado del clima laboral, así como daños ya constatados en varias trabajadoras”
El escrito registra “tres acciones inmediatas” solicitadas por el sindicato, en concreto, “la revisión urgente de la evaluación de riesgos psicosociales en los servicios afectados, la  implementación de medidas preventivas y organizativas para proteger al personal y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales del SCS en materia de prevención de riesgos laborales”.

UGT-Sanidad precisa que la petición por escrito se realizó antes de conocerse la reciente resolución judicial que impone medidas penales a las trabajadoras condenadas por un delito de coacciones en el Hospital de Sierrallana, “que confirma la gravedad de los hechos y refuerza las advertencias y peticiones trasladadas al SCS”.
 
Denuncia desde 2011
UGT-Sanidad recuerda que fue la única organización sindical que denunció las mencionadas coacciones en el hospital torrelaveguense a través de su entonces secretario del Sector de Salud, José María Fernández, en un proceso judicial que se inició en 2011 y “del que se ha realizado un seguimiento continuado del caso, recopilando información, apoyando a las personas afectadas y reclamando reiteradamente la intervención de la Administración”.

“Tras la primera sentencia relacionada con estos hechos, el sindicato preguntó formalmente a la Consejería de Salud qué medidas pensaba adoptar el SCS, encontrando siempre la misma respuesta: que no podían actuar mientras la sentencia no fuese firme”, agrega UGT-Sanidad, que recalca que “una vez confirmada en firme, se volvió a exigir explicaciones y medidas para evitar que las víctimas siguieran expuestas al mismo entorno”.

El sindicato asegura que “pese a la firmeza de la sentencia y a los reiterados avisos, el SCS no ha adoptado hasta la fecha medidas efectivas para proteger a las trabajadoras ni para corregir el foco de riesgo en los servicios de Anatomía Patológica de Sierrallana  y Valdecilla”.

UGT afirma “mantener su compromiso con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y expresa su solidaridad con las trabajadoras afectadas” y reclama a la Consejería de Salud y al SCS que “respondan públicamente a ¿por qué no se activaron los protocolos de prevención a pesar de los hechos descritos y los daños acreditados? y ¿qué actuaciones se adoptarán ahora para proteger a las víctimas, corregir la situación y garantizar un entorno laboral seguro y digno?”.

El sindicato advierte de que “la protección de la salud laboral “no es negociable” y recuerda que se trata de una obligación legal de la Administración. UGT asegura que continuará actuando “con firmeza y rigor” para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse en ningún centro sanitario público de Cantabria”.