UGT plantea una nueva Ley de Simplificación Administrativa en Cantabria que “no sea un coladero” para las irregularidades o los incumplimientos de los requisitos y normativas de los procedimientos administrativos en el objetivo compartido por el sindicato de “agilizarlos y simplificarlos”.

Así lo manifestó el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, en su comparecencia parlamentaria ante los distintos grupos políticos para informar de las propuestas del sindicato al proyecto de la nueva normativa legal para simplificar los trámites administrativos.

Como recordó el propio Carmona, UGT ya trasladó el pasado mes de febrero una batería de propuestas para la Ley de Simplificación Administrativa a la espera de disponerse del anteproyecto de la normativa.

Entre esas propuestas, el sindicato apostaba por facilitar la relación de usuarios con todo tipo de administraciones públicas, la creación de una ventanilla única para la tramitación de procedimientos, garantías para que esa simplificación sea compatible con el derecho a la legítima defensa de los interesados y con la transparencia, además de un silencio administrativo “sin signo predeterminado, que deba entenderse tanto como positivo como negativo”.

A ello, UGT añadía el requisito de que la Declaración Responsable del solicitante, que sustituye a las autorizaciones en muchos ámbitos, incluyan un aval económico y que la opción digital o telemática “no sea la única para acceder a los procedimientos porque existe una brecha digital que lo haría imposible para muchas personas”.

“Compartimos el objetivo de agilizar y simplificar las gestiones entre la ciudadanía y la Administración pública, eliminando trámites o gestiones ya en poder de la propia administración o que sean innecesarias o irrelevantes y dotando de los medios adecuados a esas administraciones”, precisó en su intervención Mariano Carmona, aunque reiteró que “no puede ser un coladero para el pícaro que quiera incumplir la normativa en su propio beneficio”.

Declaración con aval económico

“No puede ser una carta en blanco por la existencia de la Declaración Responsable y, además, ésta tiene que tener un aval económico que comprometa a la persona solicitante, que pueda servir como sanción si luego se vulnera la declaración y la normativa legal”, agregó el sindicalista.

El secretario general de UGT recalcó que el proyecto normativo “insiste en que no haya merma alguna de las garantías, como no podía ser de otra manera, pero luego todos sabemos que no se cuenta con los medios necesarios para el control”.

Sobre las entidades certificadoras de los procedimientos administrativos incluidas en el proyecto legislativo, Carmona advirtió que “si hasta ahora se han dado casos de mala fe y todo se deja en manos de estas entidades que cobran si los sacan adelante, es un mal asunto”.

El secretario general se preguntó ante los portavoces de los grupos parlamentarios cántabros (PP, PSOE, PRC y VOX) qué pasará ahora tras desaparecer la licencia de actividad “que hoy muchas empresas ya no tienen” y no compartió la derogación de parte de los criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público porque “normalmente van destinados a velar por los más desfavorecidos y habrá que darlo una vuelta para que sean operativas, no para eliminarlas”.