Desde hace tiempo asistimos a una campaña feroz de CEOE-Cepyme en contra de lo que la patronal empresarial denomina absentismo laboral injustificado, que en el caso concreto de Cantabria ha superado con creces los límites del mal gusto y de la falta de respeto más absoluto a la dignidad de las personas trabajadoras.

Nos referimos a una campaña en paradas de autobuses y paneles publicitarios que criminaliza a las personas trabajadoras con baja con mensajes infames y que UGT considera además ilegal, tal y como ya ha denunciado el sindicato ante la Inspección de Trabajo.

Esta campaña de CEOE-Cepyme en Cantabria falla como ninguna otra en las formas con sus intolerables mensajes y se asienta en el mismo contenido deliberadamente confuso de la emprendida a nivel nacional por la asociación empresarial desde hace relativamente poco tiempo y, al parecer, por intereses muy concretos que quiere conseguir lo antes posible y por cualquier vía.

El presidente de CEOE-Cepyme en Cantabria, Enrique Conde, habla de que el contenido de la campaña es obvio y no requiere explicación, aunque desde nuestro punto vista es todo lo contrario porque es una estrategia empresarial basada exclusivamente en confundir lo que es incapacidad temporal con un absentismo injustificado ya regulado y penalizado por los propios convenios colectivos y que las empresas sancionan con absoluta normalidad.

Se confunde deliberadamente la ausencia laboral sin justificar con la baja rubricada por un profesional médico de las personas que están enfermas por trabajar y tienen todo el derecho del mundo a recuperar su salud. Por mucho que se empeñe la campaña de CEOE-Cepyme en criminalizar a los trabajadores y las trabajadoras; son las víctimas  por enfermar o lesionarse en sus centros de trabajo y, además, con un perjuicio económico considerablemente, y más, si se prolonga la baja.

Si CEOE-Cepyme, y entendemos también que las mutuas, quieren solucionar verdaderamente el problema de las bajas laborales, el camino no es culpabilizar a quien enferma o se lesiona; sino más bien, mejorar la política de prevención de riesgos laborales y evitar que la gran mayoría de las bajas laborales terminen siendo derivadas a una sanidad pública de por sí saturada cuando tienen un origen claramente profesional.

Ahí está el problema y CEOE-Cepyme se ha negado en redondo a aprobar recientemente el anteproyecto de una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales que contribuye y mucho a resolverlo, sobre todo para reconocer de una vez por todas un mayor número de enfermedades profesionales de la exigua lista oficial que hay en la actualidad. En Cantabria, según el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), únicamente se registraron el año pasado 343 partes comunicados de enfermedades profesionales sobre una población trabajadora de más de 229.000 personas con las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cubiertas.

Esto implica, ni más ni menos, que la inmensa mayoría de las enfermedades de origen profesional acaban en contingencia común y en la sanidad pública, sin que sean estudiadas en su origen laboral y sin aplicarse las medidas preventivas adecuadas.

El presidente de CEOE-Cepyme aludía a estadísticas que situaban a Cantabria como líder del absentismo laboral, según él absentismo injustificado, aunque hay otras estadísticas oficiales que reafirman una cuantía media anual de más de 6.000 accidentes de trabajo con baja desde 2017 y con más de 7.000 en algunos años, que probablemente también se superarán en 2026 a tenor de cómo evoluciona en la actualidad la siniestralidad laboral en el primer semestre de este año.

El propio Ministerio de Trabajo confirma que más de un 30% de este elevado número de accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo ni siquiera había pasado por una evaluación de riesgos laborales en Cantabria (1.900 el año pasado). 

UGT lleva años pidiendo la figura del delegado de prevención sectorial o territorial en Cantabria para que la prevención de riesgos laborales llegue a todos los centros de trabajo, incluidos los de menor plantilla y sin representación sindical, y CEOE-Cepyme elude el debate con descaro. Es más fácil criticar cuando el mal ya está hecho.

También las últimas estadísticas oficiales del Ministerio de Trabajo situaban a Cantabria como líder indiscutible en la duración media de las bajas laborales de los accidentes de trabajo con 49 días, 12 días más que la media nacional y, además, siendo la única autonomía española donde más del 40% de las registradas en jornada de trabajo supera el mes de duración.

Si es por estadísticas, tampoco hay que olvidar que, según las últimas de las listas de espera médicas difundidas por el Ministerio de Sanidad, Cantabria era la autonomía española con mayor tasa de pacientes en espera de servicio quirúrgico (24,92 pacientes por 1.000 habitantes con 14.490, un tiempo medio de espera de 137 días y un 26% de casos con más de seis meses) y; la de espera de consulta médica, tenía más de 37.000 pacientes (64 por cada 1.000 habitantes) y con un tiempo medio de espera de dos meses (61 días). 

Toda esta información estadística confluye en un mismo problema. Lo que es salud laboral y contingencia profesional se remite a la contingencia común y a una sanidad pública de Cantabria escasa de recursos y de inversiones y cada vez más defenestrada en beneficio de la privada.

En todo caso, habrá que volverse a preguntar si la solución pasa por la fórmula de CEOE-Cepyme de confundirlo todo, de insultar a los trabajadores y trabajadoras de Cantabria y de dejarlo todo a la sanidad pública para luego criticarla por la duración de las bajas.

Por el contrario, UGT apuesta por ponerse a la tarea de hacer profesional y laboral lo que es realmente profesional y laboral y en un marco legal de una Ley de Prevención de Riesgos Laborales moderna y apropiada.