Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno autonómico a invertir 3.717.428 euros de la contribución especial aportada por las aseguradoras y reaseguradoras entre los años 2018 y 2022 al fin fijado para ello: “el establecimiento, ampliación y mejora” de los servicios del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA-112).

El fallo judicial, promovido por una demanda judicial de un colectivo de bomberos del SEMCA-112, aclara que el Gobierno de Cantabria no destinó totalmente a su correspondiente ámbito de aplicación los 7.450.691 que recibió de la contribución especial de UNESPA (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras) en el quinquenio mencionado.Según consta en la propia sentencia, de la contribución especial que hacen las aseguradas españolas “al establecimiento, ampliación y mejora de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento”, el Gobierno de Cantabria sólo destinó menos de la mitad de la cuantía total a este fin (3.733.691 euros) en el SEMCA-112.

La cuantía restante no invertida en el objeto de la contribución especial, los mencionados 3.717.428 euros, tendrán ahora que destinarse a “inversiones reales y no a gastos corrientes del servicio” en los próximos ejercicios, según aclara el fallo judicial cuyo contenido es similar a otro reciente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Esta sentencia del alto tribunal asturiano reafirma que con los fondos económicos aportados por UNESPA en la contribución especial “lo que se sufraga no es el funcionamiento de un servicio, sino su ampliación o creación”.

Sentencia