UGT ha solicitado hoy al Consejo de Seguimiento de la Actividad de los Entes del Sector Público Institucional Autonómico un grupo de trabajo para elaborar un informe específico sobre la situación actual de las plantillas y las relaciones laborales en las diferentes empresas y entes públicos del Gobierno de Cantabria. 

Según aclara el sindicato en un comunicado, “no sólo se trata de presentar un informe sobre la visión financiera y el control del gasto público, también es más que necesario uno sobre la realidad de las relaciones laborales de cada una de estas empresas y entes para tener una visión global y no sesgada del sector público empresarial y fundacional de Cantabria”. 

“Es necesario señalar que el sector público empresarial y fundacional (SPEF) donde son habituales las vacantes y permisos sin cubrir, amortización de puestos, la elevada temporalidad de los empleos que está fomentando el fraude en la contratación y la externalización de servicios, entre otros aspectos; es evidente que parte del control del gasto se está realizando a costa de las plantillas”. 

En este sentido, UGT destaca la “progresiva precarización de las plantillas del sector público empresarial y fundacional”, tras reclamar al Gobierno de Cantabria “una política común de recursos humanos basada en el empleo estable, la transparencia y la igualdad en el acceso”. 

“Una situación que incrementa la carga de trabajo y deteriora las condiciones laborales y la calidad de los servicios públicos prestados”, agrega UGT, que considera especialmente contradictorio que “se recorten o no se cubran puestos esenciales mientras se crean o cubren puestos directivos con retribuciones superiores a los 60.000 euros anuales”. 

UGT alerta además de “la elevada temporalidad existente en parte del sector” y recuerda que “sus prácticas de contratación ya han sido cuestionadas por los tribunales y la Inspección de Trabajo”. Así lo detalló un comunicado del sindicato que recuerda que este foro institucional de seguimiento de las empresas públicas del Gobierno de Cantabria “demandado durante muchos años por UGT, se demoró su constitución más de seis años”. 

A juicio del sindicato, “la Ley 20/2021 de estabilización del empleo temporal supuso una oportunidad que no se aprovechó suficientemente para solucionar las situaciones de temporalidad estructural” Desde UGT se ha trasladado a la reunión “el goteo permanente de externalización de servicios a empresas privadas que venían desarrollándose, o que podrían desarrollarse, dentro de la actividad propia de estas entidades públicas”. 

UGT considera que el sector público empresarial y fundacional no puede ser un espacio de segunda en materia de empleo público; quienes trabajan en estas entidades tienen derecho a estabilidad, condiciones laborales dignas y negociación colectiva, y la ciudadanía tiene derecho a unos servicios públicos de calidad prestados por unos recursos humanos adecuados”, concluye el comunicado de UGT.